El derecho a una vivienda digna es reconocido como un derecho humano fundamental. En otras palabras, esto implica que todas las personas deben tener acceso a un hogar seguro, adecuado y con servicios básicos esenciales. De hecho, este principio está consagrado en la Constitución dominicana y en consecuencia, el Estado debe promover condiciones que permitan hacer efectivo ese derecho para toda la población.
DGII fija en RD$5.45 millones el nuevo tope para viviendas de bajo costo en 2026
