A pesar de que el financiamiento público en República Dominicana busca garantizar la equidad en la contienda electoral, las recientes reformas normativas (leyes 33-18 y 20-23) resultan insuficientes en la práctica. Persisten brechas de implementación que dificultan el acceso efectivo de mujeres y jóvenes a los recursos económicos, lo que limita su capacidad para competir en igualdad de condiciones frente a otros actores políticos.
Candidaturas femeninas movilizaron sólo el 19.8% de los RD$2,831 millones de los ocho principales partidos de RD en 2024
