Luego de la crisis bancaria de 2003, en la que varias entidades financieras colapsaron, el Gobierno dominicano promulgó la Ley 167-07 para la Recapitalización del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), con el objetivo de cubrir el déficit patrimonial y las pérdidas acumuladas tras los fraudes financieros y las fallas de supervisión que caracterizaron ese período.